Luego de varios años de tediosos y polémicos debates, este lunes en horas de la mañana Rafael Ángel Zamora Fernández, propietario de la firma Pedregal, se sentó en el banco de los acusados en los Tribunales de Justicia de Liberia por 21 delitos.
De acuerdo con la acusación desarrollada bajo el expediente 08-000090-0611-PE del cual DIARIO EXTRA tiene una copia, Zamora fue denunciado por la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, y la empresa Agroindustrial Ingenio Taboga S.A.
Los hechos se remontan al periodo correspondiente entre 2007 y 2008, cuando Zamora, alias “Macho”, adquirió una propiedad llamada La Marcela, ubicada en la zona de Guanacaste, cerca de Laguna Madrigal en la reserva forestal Palo Verde.
El imputado, en apariencia y según la documentación, habría ordenado a las compañías Quebradores Pedregal y Hacienda Solimar, realizar una serie de conductos para desviar el agua del Río Lajas, a fin de obtener beneficios para sus proyectos, esto según los escritos.
El movimiento habría afectado a la empresa Ingenio Taboga, que vio dañados sus cultivos en cuestión de meses.
Al parecer, en determinado momento, personal del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), se percata de lo que estaba pasando y decide realizar un conjunto de análisis ambientales, en los que logran confirmar a través del estudio DA-0947-2011, que gran parte del río quedaría seco, dañando severamente la presencia de flora y fauna en su hábitat natural.
APELACIÓN
A mediados de 2013, en el Juzgado Penal de Cañas, un juez identificado con el apellido Araya, dictó sobreseimiento definitivo para Zamora, por lo que de inmediato la Procuradoría, el Ministerio Público, y el consorcio de abogados Júrisis, a cargo de Juan Diego Castro, plantearon la apelación ante el tribunal.
Semanas más tarde, de nuevo en audiencia, un nuevo Tribunal anuló por completo la sentencia anterior, elevando esta vez el caso a juicio.
Entre los principales delitos que se le achacan al empresario, quien además se suma a otros demandados como el administrador de la sociedad Hacienda Solimar Alfredo Altamirano, destaca el delito de estragos.
“...se conformó con esto y ordenó desviar las aguas del río Lajas hacia el cauce rectificado del río Higuerón sin importarle las consecuencias. Estamos entonces a nuestra entender ante la comisión de 3 delitos de estragos atribuibles a Zamora Fernández como autor mediato a título de dolo eventual”, señala la acusación.
En principio eran 20 delitos ambientales, sin embargo, al momento en que decide el Tribunal de Cañas elevar a juicio, suman una causa más por el ilícito de usurpaciones de bienes de dominio público.
Entre los principales testigos destacan ingenieros del Minae, así como funcionarios privados de compañías afectadas con el hecho, incluso la declaración de un fiscal que pudo haber visto afectado un trabajo por encontrar maquinaria de la compañía Pedregal en horas de la noche realizando los trabajos de desviación del agua de río Lajas.
Las pérdidas o perjuicios económicos por esta situación superan los $4 millones, es decir poco más de ¢2 mil millones.
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CRÉDITOS: Fotos: Johnny Méndez, corresponsal
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Martes 02 Junio, 2015
HORA: 12:00 AM
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