Una comisión integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia así como de Hacienda y del Banco Central concluyeron en la necesidad de eliminar los millonarios incentivos salariales que se les paga a los gerentes, subgerentes y auditores de las tres entidades financieras estatales, los cuales fueron dados a conocer por DIARIO EXTRA en agosto del año pasado.
La información fue confirmada por el comisionado del Consejo Económico, Mariano Segura, quien detalló que el Consejo de Gobierno tiene en su manos desde el 19 de mayo el análisis solicitado por el mandatario Solís y que podría resultar en una directriz presidencial.
La sugerencia se aplicaría a gerentes, subgerentes, auditores y aquellas personas que califican a otras para que reciban ese rubro por desempeño.
La directriz establecería las reglas a partir de las cuales los bancos públicos deben diseñar mecanismos de incentivos salariales acordes con las observaciones hechas por la Contraloría General de la República el año pasado, destacó Mariano Segura.
CONTRALORÍA DIO EL CAMPANAZO
Según el análisis del ente contralor dado a conocer en noviembre pasado, existieron pagos excesivos en incentivos económicos durante 2006-2012 en tres de los bancos públicos comerciales e indica que el comportamiento creciente a través de los años da claras señales de alerta.
El estudio señaló que durante el periodo estudiado se pagaron ¢99.832 millones y se valoró la razonabilidad de las políticas y la normativa en la materia establecidas por las entidades financieras en ese lapso y concluyeron que los medios instaurados superaron los fines y objetivos de la inconstitucionalidad pública.
La Controlaría reconoció en la auditoría que los desembolsos son legales, sin embargo cuestionó que, en algunos casos, los incentivos se incorporaron en las convenciones colectivas con lo que su aplicación se tornó más automática.
Este martes el informe será revisado nuevamente en el Consejo de Gobierno con el fin de definir cuáles acciones se van a incluir en la directriz que trabaja la dirección jurídica de la Casa Presidencial.
