Tres días tiene el Consejo de Transporte Público (CTP) para rendir un informe detallado a la Sala Constitucional por el incumplimiento en la adaptación de los autobuses a las necesidades de las personas con capacidades especiales, tras un recurso de amparo interpuesto por el diputado Óscar López.
La acción la presentó el legislador contra el director del CTP, enfatizando que desde el 2006 en la Ley 7.600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad se agregó un transitorio en el que se daba un plazo máximo de ocho años “para que la totalidad del servicio de transporte público, modalidad autobuses, adaptara los dispositivos necesarios para las personas con necesidades especiales, como avisos para las personas sordas o invidentes, rampas y plataformas”.
“NO LES DAREMOS UN DÍA MÁS”
En conversación con DIARIO EXTRA, López aseguró que han pasado casi 20 años y los dueños de las líneas de autobuses no acatan la orden, mientras el CTP les sigue dando el aval para su funcionamiento
“El Consejo de Transporte Público, es el órgano que emite los títulos habilitantes, aunque esta entidad, emitió un documento en que concluyó que el 96,4% de las empresas concesionarias han acatado la incorporación de rampas en las unidades a su cargo; considera que se dejaron al margen los otros requerimientos. No se ha hecho una fiscalización exhaustiva de lo que exige el ordenamiento jurídico”, argumenta en el recurso.
López también cuestiona a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) por decretar el 07 de mayo pasado un aumento en las tarifas de buses, sin excluir las rutas que no atienden lo ordenado por la legislación.
Asimismo cuestiona a Riteve, entidad a la que vía decreto ejecutivo se le ordenó hacer la revisión técnica garantizando el acceso de los usuarios con discapacidad.
El legislador insistió que las personas con discapacidad no están dispuestas a dar un día más de plazo para que resuelvan lo dictado por la ley, que incorpora como sanción la pérdida de la concesión.