Los diputados del Frente Amplio impulsan un proyecto de ley para que las resoluciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sean de acatamiento obligatorio.
Se trata del expediente Nº 19.439, con la que se reformaría la ley orgánica de la institución. “La Procuraduría de la Ética ha venido realizando un importante papel en la fiscalización de la ética en la función pública y ha logrado emitir criterios y recomendaciones técnicas muy serias, que al final, terminan en nada. Por citar algunos casos mediáticos, en el 2013 la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, acompañada del ministro de Comunicación, Francisco Chacón; la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, y la asistente personal Irene Pacheco; realizaron un viaje oficial a Perú en un jet privado; en este caso el informe de la Procuraduría determinó que se cometieron faltas a la ética y violaciones a la prohibición de recibir colaboraciones de la empresa privada, sin embargo, ningún funcionario fue sancionado”, justifican los diputados.
El viernes 17 de abril, el proyecto que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos fue publicado en La Gaceta, estipulando:
“Las recomendaciones y sanciones disciplinarias basadas en criterios técnicos y con respeto al debido proceso, que emita la Procuraduría General de la República en el cumplimiento de las competencias establecidas en el presente inciso, serán vinculantes para todos los funcionarios de la Administración Pública. Los hechos y conductas contrarias al deber de probidad en la función pública en que incurran el presidente de la República, los diputados y los magistrados del Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, serán investigados por la Procuraduría General de la República. Las recomendaciones que emita este órgano al respecto, serán comunicadas al órgano competente para ejecutar la sanción”
