La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) estableció un ajuste al reglamento sobre audiencias y consultas públicas, sin embargo, la Defensoría de los Habitantes aseguró que no se garantiza una real participación de los costarricenses en la decisión final para los acuerdos en temas tarifarios.
Montserrat Solano, jerarca de la institución, es clara en que la Autoridad en el nuevo lineamiento no da una solución a sus solicitudes, situación que preocupa pues las disconformidades de los ciudadanos son frecuentes.
“Enviamos a la Aresep los comentarios al nuevo reglamento sobre audiencia pública (…) sin embargo vemos que no se resuelven muchos de los problemas que ya la Defensoría venía diciéndolo por todas las audiencias públicas”, dijo Solano.
DERECHO VULNERABLE
Para la entidad demandante, esta situación se convierte en un “trámite formal administrativo, pero no alcanzan a proteger el derecho o interés de los participantes”, recita un comunicado de prensa.
“El gran problema, es que con la reforma no vemos que resuelva el sentido de la audiencia; que le otorgue finalmente al habitante una participación significativa, que pueda verdaderamente tener incidencia en cómo se establecen las tarifas”, añadió la defensora.
Otro detalle que se resalta es que, a pesar de que la Autoridad Reguladora da la opción de revocatoria o apelación ante la decisión tomada, estos serán estudiados por la misma Aresep, los cuales, generalmente, “son rechazados”.
Además se suma que la Autoridad, según la Defensoría, debe someter a exámenes de “exactitud y confiabilidad la información brindada por los prestadores de servicios para corroborar su veracidad”.
