La negociación salarial que se inicia el 15 de enero debe ser la oportunidad para fortalecer el diálogo social, indicó ayer Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
“La ANEP espera un espíritu de gran coincidencia entre las varias expresiones sindicales que en tal espacio tenemos objetivos comunes en esto de la justicia salarial. Por tanto, no es posible hablar ya de cifras o porcentajes concretos, de propuestas para este reajuste, hasta agotar los máximos esfuerzos unitarios al respecto; amén de que los análisis concluirían hasta horas antes de la sesión inaugural de la negociación, el próximo 15 de enero. Finalmente, vamos a este proceso convencidos de que se trata de un nuevo reto para fortalecer el diálogo social”, manifestó el sindicalista.
Agregó que el proceso al efecto (que debería terminar en una negociación satisfactoria entre el Gobierno y las principales organizaciones sindicales representativas del indicado segmento laboral) presenta un situación altamente controversial.
Esto es así, según Vargas, por los compromisos que ha asumido la actual administración gubernativa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la reciente visita al país de una “misión técnica” de este (la cual incluso se reunió con la ANEP y en la sede sindical).
“Ya se ha venido indicando que el Gobierno pretendería fijar un reajuste por debajo del índice inflacionario del semestre que acaba de concluir, por un lado; y, por otro, definir el porcentaje del reajuste a partir del salario total, no del base. Esto ya es altamente controversial”, comentó. A esta situación, el sindicalista le agrega un clima completamente distorsionado, dada la una intensa campaña orquestada por una parte de la prensa del capital neoliberal contra todo lo que sea empleo público, que ha pretendido manipular, de acuerdo con Vargas, las conciencias ciudadanas en el sentido de que quienes laboran para el Estado son los “culpables” del déficit fiscal y el eventual colapso de las finanzas públicas en el corto plazo.
En ese ambiente es que el 15 de enero, a criterio de Vargas, se negociará el aumento salarial de ese sector, que está compuesto por 300 mil funcionarios del Gobierno central, entes autónomos y semiautónomos, instituciones descentralizadas, empresas públicas y municipalidades.
