Editorial
No es la primera vez que manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de los educadores, especialmente dentro de las escuelas y colegios, pues conocemos que son víctimas de agresión por parte de alumnos y en ocasiones hasta de padres de familia.
El último de estos episodios tuvo lugar en Tabarcia de Mora, donde un adolescente no lo pensó dos veces y cargó en su mochila un arma punzocortante con la idea de agredir a una docente.
El joven, a quien por razones jurídicas es imposible identificar, según el parte policial, persiguió a la profesora para herirla por motivos que apenas están en investigación.
Lo cierto es que este caso de agresión disparó la voz de alerta en el gremio, que ha protagonizado fuertes episodios, que van desde golpes y balazos hasta la muerte, como ocurrió con una profesora que fue asesinada por un quinceañero hace unos cinco años en medio de un cuadro de depresión y acoso.
Si bien los casos no son frecuentes, no se puede perder de vista que cada vez son más los jóvenes que deciden andar armados y arreglar sus diferencias entre compañeros y docentes con formas que distan mucho del diálogo.
Esta situación nos obliga nuevamente a referirnos al tema, pues en los centros educativos la seguridad es escasa, tanto para la población estudiantil como para el personal docente y administrativo.
Está claro que muchos educadores, especialmente en las áreas más conflictivas, viven una situación de zozobra, y eso requiere medidas urgentes, pues faltaba más que hasta los que enseñan deban protegerse de aquellos que prefieren vivir al margen de la ley.
Para nadie es un secreto que en ciertas localidades estos profesionales trabajan bajo amenaza de muerte, sin mayores posibilidades de cambiar su estatus porque gestionar un traslado es un trámite tedioso y además pocos pueden optar por el retiro, ya que hay una familia que mantener y cuidar.
Hoy como nunca antes los alumnos se enfrentan a sus maestros sin respecto alguno, los emplazan públicamente con el afán de poner a prueba su autoridad aulas adentro.
No es nuevo, el poder que algunos jóvenes pretenden tener a base de violencia es un asunto que debe detenerse cuanto antes.
Por ello el Ministerio de Seguridad Pública y el de Educación están llamados a promover estrategias y planes de seguridad en centros de enseñanza porque la mayoría de padres de familia envían a sus hijos con total tranquilidad, no como si se tratara de sitios riesgosos.
Hay que poner un alto definitivo a la violencia dentro de los salones de clases. ¡Basta de inseguridad y agresión!
Tanto los directores como las juntas de educación y demás personal que labora en estos lugares también están llamados a procurar el orden, pero haciendo uso de los mecanismos que la ley les faculta.
La revisión de bultos ha sido un debate, la Sala Constitucional emitió criterio y dejó en manos de directores lo respectivo, sin embargo esas requisas -para llamarlas de alguna forma- son casi inexistentes y dejan por la libre la portación de armas y drogas.
Actualmente los muchachos ingresan a los centros de enseñanza sin ser supervisados, pueden cargar cualquier objeto o producto en sus bultos que nadie logra detectarlo.
Por ello con tanta facilidad aparecen estudiantes con armas de fuego, cuchillas y otras mercancías ilegales, situación que se torna pública cuando se arma el caos, aparece la policía o alguien resulta herido.
La violencia en la educación nacional se ha incrementado desmedidamente, lo que imprime carácter de urgencia a elaborar un accionar que nos lleve a hallar soluciones reales. No debemos permitir que las aulas se conviertan en campos de batalla, hay que detener esto y hacerlo ya.
