Los múltiples recortes a presupuestos de instituciones gubernamentales de nuestro país han generado un serio impacto en la expectativa de sus funciones para el próximo año, en el caso del Ministerio de Justicia y Paz, esta afectación se vería reflejada en los servicios básicos para los centros penitenciarios, tales como agua, luz, y telecomunicaciones.
En la oficina de la ministra de Justicia Cristhina Ramírez, se dieron a conocer detalles sobre la actual situación de esos recortes financieros, los cuales según ella, sin duda alguna provocarían un cambio no tan positivo en su administración.
Ante eso, Ramírez compareció ante medios de comunicación que le gustaría tener más apoyo de los diputados en la Asamblea Legisativa, con el fin de tener mayor acceso a presupuestos extraordinarios en los próximos meses.
“El recorte de ¢5.800 millones en la gestión del Ministerio de Justicia y Paz tendrá afectaciones sensibles, principalmente en el Programa 783 de Administración Penitenciaria, el cual tendrá una rebaja de ¢3.800 millones.
Es así como se verán afectadas las remuneraciones y pago de disponibilidad laboral para el personal técnico, administrativo y policial penitenciario, la prestación de servicios básicos como agua y luz, alquiler de edificios, locales y terrenos, la compra de equipos mobiliarios indispensables en los Centros de Atención Institucional, servicios de ingeniería, viáticos para repatriaciones y extradiciones, entre otros”, manifestó la jerarca.
Además, Ramírez agregó que habrá una inversión de ¢ 4 mil millones para la contrucción de 24 módulos en Mediana de La Reforma, para albergar cerca de 1.500 reclusos, esto con el fin de disminuir el hacinamiento, el cual dicho sea de paso, en la actualidad supera los 4 mil privados de libertad.
