Una serie de investigaciones realizadas por figuras políticas y ambientales de nuestro país durante el último año revela que más de 8 ambientalistas han sido asesinados a manos de sicarios contratados por el crimen organizado. Al parecer esta situación no tiene apoyo legal para ser contrarrestada ni mucho menos detenida.
Lo más preocupante para muchos es que los últimos gobiernos han estado de brazos cruzados ante este tema, al punto que incluso arremeten contra las personas que dedican su vida a proteger el medio ambiente.
El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica estipula que “...toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”.
Líneas como estas son sagradas para cientos de personas y múltiples organizaciones que buscan la protección del ambiente y así evitar que poderosos grupos empresariales aprovechen la vulnerabilidad de zonas naturales.
Meses atrás la entonces presidenta Laura Chinchilla declaró en forma polémica que este tipo de personas (ambientalistas) lo que quieren es “crear de Costa Rica un museo de historia natural”, alegando además que los habitantes de zonas protegidas merecen mejorar su desarrollo social y económico.
TRÁGICAS MUERTES
Sin duda alguna el homicidio del protector de tortugas Jairo Mora, en mayo del 2013, trajo consigo una serie de críticas al Gobierno de Costa Rica por la forma en que se ha manejado el caso.
Expertos aseguran que si no hubiese sido mediático este suceso, los responsables de matar al joven de 27 años aún no estarían tras las rejas.
Cabe destacar que por este caso el próximo lunes arranca un juicio contra varios hombres tachados de sicarios.
Claudio Monge, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y ambientalista, coincide en que las autoridades aún no se preocupan por proteger la labor de personas dedicadas a la conservación del medio ambiente.
“Este es un tema que se pasa de complejo, la muerte de muchos de nuestros colegas ha aumentado la preocupación. Una de las investigaciones que mi persona y otros compañeros hicimos tenía que ver con demostrar que el crimen organizado está afectando la labor ambiental. La desprotección que tenemos por parte de las autoridades es lo más delicado”, declaró Monge, quien afirma que hasta él ha sido objeto de amenazas de muerte.
“En mi caso las amenazas surgieron luego de las diferentes denuncias en el caso Crucitas, fotografías y llamadas anónimas que hacen que uno se cuide más e incluso merme su labor”, agregó.
CASOS
Otro caso sonado en este tema es la muerte de tres personas dentro de una casa envuelta en llamas, todas protectoras del ambiente.
Han pasado 20 años desde ese macabro suceso. Aquella vez en Guadalupe murieron calcinados María del Mar Cordero, Óscar Fallas Baldí y Jaime Bustamante.
Los principales recuerdos que se tiene de ellos se resumen a una intensa y poderosa lucha contra la explotación ambiental, la cual era tendencia diaria en los años 90.
De acuerdo con profesionales en la rama, siguen siendo recordados como héroes, aunque lastimosamente la impunidad aún marca su caso y el de otras víctimas.
Como suceso más reciente, la muerte del estudiante Diego Saborío mantiene en pie de lucha a la Fuerza Pública para detener al presunto sospechoso de apellido Pineda, sin embargo los esfuerzos han sido nulos.
ERRADICACIÓN IMPOSIBLE
La impunidad sigue siendo una de las principales problemáticas en esta materia, situación que confirman las partes involucradas en esta lucha.
El abogado ambiental y notario público Álvaro Sagot conversó con DIARIO EXTRA y manifestó que difícilmente se podría erradicar esta situación desde la parte legal.
“Muchas de las situaciones que a diario viven los ambientalistas son más complicadas con el pasar de los días. Es difícil determinar de dónde llegan las amenazas, pues el anonimato las protege.
Mi posición es que veo complejo tratar de encontrar una solución a estos casos desde un punto de vista legal por la falta de apoyo del gobierno para que la ciudadanía participe en la parte ambiental”, manifestó.
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Jueves 23 Octubre, 2014
HORA: 12:00 AM
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