México. (EFE) - El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la represión a estudiantes el 26 de septiembre, que causó la muerte a seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, según dio a conocer la Fiscalía mexicana.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, aseguró en una rueda de prensa que este dio la orden de atacar a los jóvenes para evitar que intervinieran en un evento que estaba celebrando esa noche Pineda, como presidenta del organismo defensor de la familia en la zona.
Tras la detención del líder del cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, se descubrió que el crimen organizado se encontraba completamente infiltrado en el ayuntamiento, que recibía del cártel entre dos y tres millones de pesos mensuales (entre $148.000 y $222.000).
La mujer era la encargada de distribuir este dinero, con la complicidad de su esposo, quien fue separado de su cargo el pasado 17 de octubre por el Congreso del Estado de Guerrero, y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, afirmó Murillo.
MILITARES SEÑALADOS
Por otra parte trascendió que ocho militares mexicanos ejecutaron a 15 de los 22 civiles que murieron el pasado 30 de junio tras un enfrentamiento en el municipio de Tlatlaya, en el central estado de México, según el informe presentado ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los hechos constituyen una de las "peores violaciones" de los derechos por parte de integrantes del Ejército, dijo el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, al presentar el documento en la capital.
La versión oficial sobre el caso alega que una patrulla militar se enfrentó a un grupo de la delincuencia y 22 civiles resultaron afectados en el tiroteo. Sin embargo, Plascencia reveló que la investigación final confirmó que a 15 de ellos los asesinaron en una bodega.
En un largo informe donde reproduce las declaraciones de tres personas sobrevivientes, la CNDH subraya que 12 de los presuntos delincuentes que se rindieron y otros tres heridos fueron silenciados.
Esas autoridades alteraron el sitio de los hechos para tratar de simular la balacera y proporcionaron fotografías falsas para ocultar las ejecuciones.
La PGR acusó hasta el momento de "homicidio calificado" a tres militares y a otro más por "encubrimiento" por ocho de las 22 muertes de civiles.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Jueves 23 Octubre, 2014
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