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Nacionales

CCSS llevaría al ICE, INS y Recope a los tribunales

José Luis Quesada, gerente de Pensiones de la CCSS, indicó que los recursos son para el fortalecimiento del IVM y que el cobro de los dineros inició este año

Ante la negativa mostrada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) de cancelar este año el 5 % de sus utilidades generadas en el 2013, a raíz de lo contemplado en la Ley de Protección al Trabajador (LPT) para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los llevaría ante los Tribunales a fin de que se les obligue a efectuar los pagos correspondientes.

 

Cabe recordar que en el 2000 se firmó la LPT, y entre uno de los aspectos que contempla la norma es que las empresas públicas del Estado deben aportar hasta un 15% de sus utilidades para el IVM; a fin de atender las necesidades de pensión de los sectores económicamente más bajos.

 

En el 2012, la expresidenta Laura Chinchilla firmó el decreto en el que se determina que las 10 empresas del Estado deberán hacer las aportaciones de manera gradual, iniciando en el 2013 con un 5%, seguido el 2015 con un 7%, y en el 2017 el aporte deberá ser del 15%.

 

José Luis Quesada, gerente de Pensiones de la Caja, aseguró que estimaciones efectuadas por la Dirección Financiera -Administrativa calculan que parte de este año la recaudación rondaría los ¢7 mil millones, y añadió que de las 10 empresas públicas del Estado, las tres mencionadas anteriormente indica que no van a efectuar los pagos.

 

“Estas son las instituciones -ICE y Recope-, y el INS por las que definitivamente vamos a tener que ir los tribunales”, enfatizó Quesada, quien explicó que en el caso de Recope, autoridades de la entidad indicaron que no tienen utilidades.

 

¢1.828 MILLONES RECAUDADOS

 

Las 10 empresas del Estado obligadas a efectuar los aportes, las cuales fueron identificadas por el gobierno, son el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), los bancos estatales (de Costa Rica, Nacional y Crédito Agrícola de Cartago) Recope, el INS, ICE, Correos de Costa Rica, Editorial Costa Rica y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

 

Hasta el momento, la CCSS ha recaudado ¢1.828 millones de los cuales el Banco de Costa Rica hizo un aporte parcial de ¢1.616 millones de ¢2.114 millones, mientras que el Banco Crédito Agrícola de Cartago hizo el pago de ¢175,3 millones bajo protesta, y ¢37 millones de Correos de Costa Rica.

 

Los demás no han efectuado los aportes todavía pues hay apelaciones administrativas presentadas, incluso existen solicitudes presentadas ante los Tribunales para impedir el cobro, por esto corren el riesgo de gestiones administrativas y judiciales.

 

“Nosotros estamos cobrando antes de impuestos, así nos respalda el criterio jurídico de la misma institución. De todas formas ya se hizo una consulta a la Procuraduría para efectos de aclarar este tema, pero consideramos importante hacer el cobro, para que estos ingresos entren a raíz de una ley que se promulgó entre el 2000 y el 2001, y más que nunca necesitamos estos recursos que le hacen falta a la seguridad social”, explicó Quesada.

 

DIVERSAS REACCIONES

 

En el caso del ICE, Elberth Durán -vocero de la entidad- aseveró que “este tema ha sido uno al que el ICE le ha hecho oposición sobre el criterio de que la Ley 8660 lo pone a competir en condiciones de mercado. Entonces no pareciera que se imponga obligaciones financieras al ICE, que otros operadores no tienen. La citada ley prevé disposiciones justamente para que esto no ocurra”.

 

Por su parte, en la oficina de prensa del INS respondieron vía correo electrónico que “no existe negativa del INS para acceder a esto, es que la Ley del INS que es posterior a esta obligación eliminó todas las contribuciones económicas que tuviera el INS, por lo tanto no procede en el caso nuestro hacer dicho aporte”. 

 

Eduardo Ramírez, director de la División Jurídica del BCR, manifestó que “en relación con el pago de la contribución obligatoria que está establecida en la Ley de Protección al Trabajador, la posición del Banco de Costa Rica es que el porcentaje previsto en el decreto ejecutivo que fija la cuantía de la misma, se debe calcular sobre la base de utilidades netas, según deriva de lo estipulado en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional”, y sobre el particular añadió que se presentó una apelación que está pendiente de resolver.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

EMAIL: [email protected]

Lunes 12 Mayo, 2014

HORA: 12:00 AM

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