El Ministerio Público logró finalizar la investigación del sonado caso de la empresa Corporación Yanber S.A. al obtener la prueba para acreditar que existió un perjuicio económico de $24.000.000 por lo que acusó a siete personas como presuntas responsables de afectar a siete entidades bancarias: tres públicas y cuatro privadas.
Se trata de Samuel Yankelewitz Berger, que era presidente de la compañía, Andrés Yankelewitz Lev, hijo de Samuel y ex vicepresidente, Luis Alonso Barboza Lépiz, exgerente de la empresa Kineret, y los otros denunciados son de apellidos Soto Bolaños, exgerente general, Paniagua Moya y Sandí Sandí exgerentes financieros, además de García Neira.
A todos se les atribuyó la conducta ilícita de estafa mayor, sancionada con una pena de entre 6 meses y 10 años de prisión.
“Este proceso, regulado en los artículos 299, 303 y 306 del Código Procesal, consiste en notificar, en este caso, a los representantes de los bancos, para que estos decidan si presentan una querella (acusación privada) y una acción civil resarcitoria, con la cual, durante un eventual juicio, podrían cobrar un monto económico por daños y perjuicios causados”, explicó el Ministerio Público.
Una vez superada esta fase, y de cumplirse con los requisitos legales que la ley establece, la Fiscalía presentará la pieza acusatoria ante el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, con solicitud de apertura a juicio.
Seguidamente, el Juzgado analizará la petición en una audiencia preliminar que deberá agendar para después definir si ordena o no el debate.
LOS HECHOS
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2011 y 2015 los altos mandos de la empresa Yanber manipularon los estados financieros para que estos reflejaran finanzas sanas, así como capacidad de pago ante diversos bancos y entidades financieras.
De esta manera, el personal de esas empresas públicas y privadas fue inducido a error y, bajo esa falsa información, otorgó créditos a Yanber que ascendieron a millones de dólares y a miles de millones de colones.
Con la prueba obtenida, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual logró acreditar, en esta fase del proceso, que la totalidad del perjuicio económico asciende aproximadamente a los $24,000,000.
La investigación del expediente 16-000054-0621-PE requirió de la confección de más de 60 informes de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 7 pericias de la Sección de Cibercrimen, en las que se analizó información incluida en equipos electrónicos decomisados durante el proceso penal. Asimismo, se analizaron más de 200 tomos de prueba documental y financiera.
“Como parte de la evidencia incorporada al caso, se ofreció el testimonio de 11 peritos y 61 testigos, discos compactos con información financiera de bancos, discos duros y dispositivos USB con análisis de información contenida en computadoras y artículos electrónicos decomisados durante la investigación”, detalló la Fiscalía.
Los siete acusados cumplen con una medida cautelar que les prohíbe acercarse a testigos, por resolución del Juzgado Penal, la cual está vigente hasta que se realice la audiencia preliminar, donde se discutirá el auto de apertura a juicio.
PERIODISTA: Francisco Carballo
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Viernes 19 de Enero, 2024
HORA: 12:00 AM
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