Garantías Sociales y pluses salariales
Osvaldo Corrales Jiménez* / [email protected]
En Costa Rica, nos gloriamos de poseer un sistema de protección al trabajador muy superior al resto de países de América Latina. Entonces, gracias al Código de Trabajo que entró en vigencia el 15 de setiembre de 1943, se ratificaron una serie de deberes y derechos para los trabajadores. Así, se determinó la jornada laboral ordinaria de ocho horas y de 48 horas de trabajo semanal (art. 136) y un día de descanso semanal (art. 152). También se legisló sobre el pago de días feriados (art. 147), vacaciones anuales (arts. 153 al 159), pago de un salario justo (art. 167), pagos de incapacidades por enfermedad consecuencia de alguna característica del tipo de trabajo, pago de preaviso (art. 28) y el auxilio de cesantía (art.29).
Con la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 1940, se determinó la cobertura en salud, el régimen de pensiones para casos de invalidez, vejez y muerte. En este régimen al trabajador se le deduce una parte, al patrono otra y el Estado también debe aportar.
Posteriormente, se creó el beneficio del aguinaldo conocido popularmente como el pago de treceavo mes. En los últimos años, se determinó el fondo de capitalización laboral (FCL) que es un 3% del salario mensual de los trabajadores, también se crearon los fondos de pensiones complementarias. En la mayoría de tales beneficios, al trabajador se le deduce parte del salario, o sea, son cargas sobre lo devengado.
En el caso de los trabajadores del sector público, mediante las convenciones colectivas que cada cierto tiempo sostienen esos entes públicos con el Ministerio de Trabajo, cada institución llega a acuerdos sobre montos y rubros tipificados como las anualidades, los pagos por dedicación exclusiva, por el grado académico profesional, incentivos por antigüedad en el puesto (quinquenales), entre otros.
Sin embargo, lo malo de esos pluses en el sector público, es que son beneficios que no se deducen del salario de cada trabajador como una provisión, en cambio se cargan al resto de costos de operación de las instituciones descentralizadas o del erario (Hacienda), esto cuando se trata de los ministerios del Gobierno (en el sector privado no existen esos odiosos laudos). En dados casos, los gastos por salarios y pluses de algunos entes del sector público llegan hasta el 80% con respecto a los recursos económicos, presupuestados anualmente.
Y es que esos aspectos son los que afectan notablemente el gasto público, incluso hasta impactan seriamente sobre el PIB. Además, en el caso de los ministerios, es común que el Ministerio de Hacienda deba buscar más dinero a como haya lugar, para hacer frente a los costos crecientes por concepto de los pluses. Eso implica más impuestos, endeudamiento ante los bancos nacionales y extranjeros o la emisión de bonos púbicos, para captar más plata. Pero el problema lejos de aminorarse en cambio crece, como una bola de nieve que corre por una pendiente.
Lamentablemente, a los sindicalistas no les importa eso, pero en su lugar lo que hacen es agobiar a los gobiernos de turno con huelgas ilegales, paros y todo tipo de protestas y amenazas. Eso sí, se escudan en la mentira de que luchan por la justicia social de sus agremiados, y no entienden esta verdad que dijo el sabio Séneca: “Lo que las leyes no prohíben, lo prohíbe la honestidad”, dicho de otra manera, muchas veces la moral indica otra cosa.
Ese estado de cosas, de forma indirecta afectan el desarrollo integral del país, pues, por un efecto en cadena se encarecen los servicios públicos (generación de electricidad, de suministro de agua potable, de combustibles, coberturas de seguros obligatorios) y los montos por derechos de circulación de vehículos, entre otros. De allí que, muchas empresas transnacionales y otras fundadas aquí, al sentir tan alta la carga tributaria, optan por reducir operaciones, el número de obreros o simplemente cierran. Entonces, se acrecienta la crisis de falta de empleo, la pobreza y la recesión económica.
*Comentarista de temas cotidianos
